Comunicado de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos
La Secretaría de Extensión Universitaria de la UNM, a través
del Programa de Promoción de los Derechos Humanos, comparte el comunicado de la
Red Interuniversitaria de Derechos Humanos (RIDDHH) del Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN):
Educar en y para los derechos humanos es un principio ético
y un objetivo que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ha reafirmado en
múltiples ocasiones. Se trata de una tarea que desborda las aulas y que las
instituciones universitarias desarrollan en conjunto con organismos estatales y
actores sociales. Sin políticas públicas de derechos humanos todo ese quehacer
se debilita. Por ello vemos con preocupación el desmantelamiento de áreas
claves de las políticas de “Memoria, verdad y justicia”.
La falta de presupuesto para actividades, la suspensión de
obras de infraestructura, la ausencia de funcionarios responsables en la
Dirección Nacional de Sitios y los despidos de trabajadores y trabajadoras son
algunos de los mayores problemas que transitan los espacios de memoria en la
actualidad. De esta manera peligra la preservación de estos lugares históricos,
pero, también, se imposibilita la continuidad de la tarea de promoción con escuelas
y universidades. Estas actividades son centrales para que las casas de estudio
lleven adelante los programas de educación en derechos humanos.
La búsqueda de verdad y la obtención de justicia sufren un
duro revés a partir de la eliminación del Equipo de Relevamiento y Análisis
Documental de los Archivos de las Fuerzas Armadas (ERyA) del Ministerio de
Defensa que había sido creado en 2010. El trabajo profesional y sistemático de
este equipo archivístico logró recuperar documentación clave sobre la represión
y daba respuesta a los requerimientos judiciales en causas en las que se juzgan
los crímenes de lesa humanidad. En el mismo sentido, el desmantelamiento del
Programa Memoria Colectiva e Inclusión Social (MECIS) del Instituto Nacional de
Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), que filmaba los juicios orales, implica un
retroceso en materia de acceso a la información y de producción de fuentes
históricas que son únicas como patrimonio colectivo y para futuras
investigaciones académicas.
En materia de políticas archivísticas y de acceso a la
información, también, se discontinuó la mesa de trabajo que funcionaba en la
Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que promovía la desclasificación de
documentos de dicho organismo. Se suma, además, el achicamiento del equipo de
profesionales del Archivo Nacional de la Memoria y la falta de nombramiento de
un/una directora/a de esa área que preserva fondos documentales como el de la
Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP).
La búsqueda y restitución de la identidad de niñas y niños
apropiados durante la última dictadura sufre similares recortes. El despido de
personal de las unidades de investigación de la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (Co.Na.DI) y las negativas a colaborar por parte de
otras áreas del Estado dificulta el esclarecimiento de más de 7.000 denuncias
que se encuentran en análisis en esta instancia prejudicial.
Estas medidas se producen en un marco de descalificación a
las demandas de “Memoria, verdad y justicia”, que van desde la minimización de
los crímenes cometidos hasta su negación, que cuestionan los símbolos de la
lucha por los derechos y atacan a muchas de sus figuras. En los últimos meses
se han producido actos negacionistas que no han sido repudiados por las autoridades.
En este sentido, expresamos nuestro repudio a la visita que
legisladoras y legisladores hicieran de manera reciente a los genocidas presos
en la Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. Lo hacemos desde el
convencimiento de que este acto se convierte en una reivindicación de las
formas más perversas del terrorismo de Estado con su derrotero de tortura,
cárcel, violaciones, robo de niños, muerte y desaparición forzada durante la
dictadura genocida. Es inadmisible que quienes asumen una banca como expresión
de la voluntad popular y democrática intenten instalar los actos de la
dictadura militar como ejemplo a seguir.
Todos estos retrocesos se producen en el marco de otras
políticas que afectan negativamente el cumplimiento de los derechos humanos,
como la represión a la protesta social, el desmantelamiento de áreas y
programas dedicados al género y las diversidades sexuales y la falta de
atención a la situación de pobreza cada vez más urgente.
El fortalecimiento de las políticas de “Memoria, verdad y
justicia” es una obligación del Estado. Conocer lo sucedido, juzgar a
responsables y recordar y reparar a las víctimas son la base de garantizar que
los hechos no vuelvan a ocurrir. Desde las instituciones universitarias
públicas educamos en y para los derechos humanos con esta misma mirada y para
que fortaleciendo la democracia podamos dar respuesta a las necesidades del
presente.
La Red Interuniversitaria de Derechos Humanos (RIDDHH) del
CIN reafirma, una vez más, el compromiso con un mundo de iguales, en el que se
teja el pasado y el presente histórico para construir futuros.
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